Efeagro
Los agricultores de las principales organizaciones agrarias de España han reclamado al Gobierno que actúe ante el aumento de las importaciones de aceite de países extranjeros, mientras que las cooperativas han planteado un mecanismo obligatorio de regulación de la oferta y la demanda del aceite.
Luis Planas ha arrancado este lunes una ronda de reuniones por videoconferencia con los responsables de los distintos eslabones de la cadena del sector del aceite y la aceituna que se prolongará hasta el jueves.
Primero se ha entrevistado con representantes de las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, que han reclamado al Gobierno que actúe ante el aumento de las importaciones de aceite de países extranjeros, lo que vinculan con la caída de precios que sufren los olivareros en el campo.
El cumplimiento de la ley de la cadena -para no permitir que se paguen precios inferiores a los costes de producción-, la activación de mecanismos de autorregulación y una nueva norma de calidad forman parte del paquete de medidas planteado por Planas para mejorar la situación, según han coincidido en revelar sus interlocutores.
Uno de los factores en discusión ha sido el fuerte aumento de las importaciones de aceite de oliva de otros países, que suman más de 200.000 toneladas en lo que va de año.
Organizaciones agrarias
Al respecto, COAG ha solicitado al Gobierno “limitar” las compras al exterior de este producto, UPA ha denunciado las “malas artes” de la industria envasadora por “inundar” el mercado con aceite extranjero, mientras que desde Asaja han pedido que se exija “trazabilidad” y que no se permitan mezclas.
El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha calificado en declaraciones a Efeagro de positivas las propuestas del Ejecutivo, aunque ha incidido en que una de las claves será la respuesta de Cooperativas y de la industria al proyecto.
“Las medidas son potentes y el momento es el apropiado, pero hay que ver cómo actúa el resto de los agentes de la cadena”, ha señalado Barato.
Desde COAG han incidido en la situación de “quiebra técnica” que viven los olivareros debido a que los precios en origen -en niveles históricamente bajos, entre 1,6 y 1,95 euros por litro en función de calidades– se están fijando “en base a movimientos especulativos y no a la ley de la oferta y la demanda”.
En este sentido, han exigido al Ministerio que la ley de la cadena -recientemente modificada- se implemente para que sea efectiva, a lo que se añadirían medidas de autorregulación para poder retirar aceite del mercado y la aprobación de una nueva norma de calidad ya en preparación que debería “marcar un antes y un después”.
Los portavoces de UPA, por su parte, han acusado directamente a la industria envasadora de ser la principal responsable de los bajos precios que se paga a los agricultores olivareros, y han pedido que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) despliegue “una inspección de oficio” entre las grandes empresas que conforman el sector.
En su opinión, “la ley de la cadena se está incumpliendo en España” debido a que existe “miedo a denunciar”.
Cooperativas agroalimentarias
Después ha sido el turno de las cooperativas, que han planteado a Planas la necesidad de introducir un mecanismo de regulación de la oferta y la demanda del aceite que sea obligatorio para todos los actores del sector.
Las cooperativas oleícolas, que representan el 67 % de la producción de aceite de oliva en España, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación comenzaron el año pasado a trabajar en una medida de autorregulación voluntaria, de carácter permanente, para adecuar la oferta a la demanda y evitar la volatilidad de los precios.
El presidente del consejo sectorial del aceite de oliva de Cooperativas Agro-alimentarias, Rafael Sánchez de Puerta, ha asegurado a Efeagro que ese mecanismo “está bien”, pero sería necesario contar con uno “obligatorio” para todos los actores del sector.
En ese sentido, ha pedido que se incorpore el aceite de oliva al artículo 167 de la actual Política Agraria Común (PAC), que permite a los países de la Unión Europea crear normas de comercialización para regular la oferta y estabilizar el funcionamiento del mercado común en el sector del vino.
Sánchez ha considerado que para la próxima campaña serían “fundamentales” tanto esa medida como el reglamento de calidad que está preparando el Gobierno.
Asimismo, se han abordado otras cuestiones como el almacenamiento privado y su posible activación, los retos de la futura PAC, las normas de etiquetado y los aranceles adicionales al aceite impuestos por Estados Unidos.
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